El próximo gobierno de la Ciudad ha presentado en la legislatura un proyecto de ley para declarar “la emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008”.

Con el argumento de que casi el 70% de los edificios de las escuelas públicas de la ciudad se encuentra en estado deficiente y que la mitad de ellos, es decir unas 200 escuelas están a punto de colapsar, el macrismo pretende suprimir hasta fines de 2008 todas las normas que otorgan los subsidios para el funcionamiento de las escuelas.

El proyecto de ley presentado por el ex legislador Marcos Peña, responde directamente a los planes del próximo ministro de Educación, Mariano Narodowski. Esa propuesta, es su artículo 14, “suspende la aplicación de las Ordenanzas 42.581, 43.406, 43.409, 46.243, sus modificatorias, ampliatoria y reglamentarias”.

Esa suspensión significa la eliminación de los subsidios por mantenimiento, equipamiento escolar y material didáctico (Ord. 42.581), material de aulas (Ord. 43.406) y escuelas de verano (Ord. 46.243), situación que impediría el funcionamiento de las escuelas públicas porteñas, al menos, durante 2008.

De las normas que se intentan suspender, la Ordenanza 43.409 se refiere a fondos para mejorar la infraestructura escolar y destina anualmente fondos del orden de los diez millones de pesos ($ 10.000.000.-) para todas las escuelas de la ciudad.

En cuanto a los otros subsidios, el más significativo es el de mantenimiento, que representa una suma promedio de mil ochocientos pesos ($ 1.800.-) para cada escuela pública porteña. Con ese dinero, las cooperadoras escolares debe afrontar gastos como: artículos de limpieza; papel higiénico; mantenimiento de matafuegos, ascensores y bombas; servicios como luz, gas, agua, teléfono e internet (las que poseen); y reparaciones menores (cerrajería, plomería liviana, vidriería) entre otros.

El proyecto de ley de emergencia de la infraestructura edilicia iba a tratarse sobre tablas durante la sesión del pasado jueves 22 en la legislatura porteña. La intervención de un grupo de representantes de las cooperadoras escolares, que logró contactarse con las diputadas Florencia Polimeni y Ana Suppa, permitió la postergación para este jueves 22 de noviembre, con la probable modificación de la norma a tratar.

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